Por: CÉSAR ARTURO CASTILLO P.*
La minería es una actividad económica muy importante para el desarrollo de toda comunidad porque además de proveer la materia prima con la cual funcionan muchas empresas del sector industrial, son una fuente de trabajo para miles de personas. El problema es que, si esa actividad no se desarrolla de manera responsable, se convierte en otro factor que propicia, entre otras cosas, los conflictos sociales y la destrucción del medio ambiente. Todos guardamos en nuestra memoria la historia de sangre que escribieron los españoles sobre estas tierras con el trabajo de los negros y los indios, pero hay que mirar el presente para darnos cuenta lo poco que han cambiado las cosas por cuanto, los nuevos esclavistas vuelven por esta América con sus trasnacionales a prometernos otros espejitos, a cambio de nuestros recursos naturales. Nuestras élites, por su parte, siempre han estado dispuestas a venderle nuestra alma al diablo, y a abrirles las puertas a los saqueadores, con tal de sacar sus propias ganancias. Pero en las últimas décadas el proceso se ha acentuado con la implantación del modelo neoliberal; Gaviria por ejemplo, nos trajo la dichosa apertura económica; Uribe no dudó en rodear a las trasnacionales de garantías y exención de impuestos, con su teoría de “La Confianza Inversionista”; y el señor Santos nos sale ahora con el cuento de la activación de las locomotoras y su dichoso TLC. Total, la misma receta que ha traído como consecuencias el robo de nuestros recursos, la baja de los salarios, el desmantelamiento del precario Estado de Bienestar que teníamos y la entrega de las empresas nacionales a la lógica de los capitalistas (y todo disque para aumentar la eficiencia y prevenir la corrupción). Ahora bien, como la voracidad no tiene límites, la oligarquía se ha propuesto liquidar la denominada “minería ilegal” para dejar en posición de máxima ventaja a los grandes pulpos económicos y para poder hablar de crecimiento económico con sus locomotoras. Así, de paso nos ocultan que ellos son los máximos contaminadores y expoliadores de la tierra. Claro está que no pretendemos justificar la informalidad en la minería porque sus consecuencias están resultando desastrosas. Bajo la ilegalidad se crean focos de prostitución y violencia, se produce la destrucción de nuestros entornos naturales, se presenta una sobre explotación laboral y al final las ganancias se las quedan las grandes compañías. Pero para no dejar las cosas en el aire veamos dos casos concretos del Valle del Cauca. En la mina de Zaragoza, que estaba en el municipio de Dagua y funcionó durante mucho tiempo a la vista de las autoridades, los mineros dejaron un aterrador paisaje porque metieron las retroexcavadoras al río, destruyeron parte del bosque para construir cientos de cambuches, contaminaron el agua y socavaron las bases de la carretera al mar. Además, como ya forma parte de la tradición universal en ese tipo de eventos de fiebre del oro, se produjeron distintas manifestaciones de violencia. El otro caso que deseo reseñar es el relativo a las minas del sector de Peñas Blancas en los Farallones de Cali porque ya está visto que dejará para el futuro un problema de enormes proporciones. Hace un año estalló el escándalo, subió el señor alcalde Jorge Iván Ospina, la policía, la prensa, la televisión y se prometieron en tono enérgico acciones judiciales, pero más allá de eso no pasó nada, por el contrario, según informes de los moradores del sector, la actividad minera continúa y va en aumento. El problema es que los caleños no le están prestando la debida atención a este asunto porque esa actividad se desarrolla en las estribaciones de la cordillera y porque desconocen cómo funciona la extracción del oro. Allá en la lejanía los mineros tumban el bosque, para sacar la madera y abrir el espacio de trabajo, muelen la tierra con agua, le aplican cianuro y mercurio para separar el valioso metal del lodo y dejan toneladas de desperdicios que seguirán contaminando el entorno natural durante cientos de años, si no son retirados a tiempo. El agua que utilizan los mineros, para sus desechos personales y laborales va a dar al rio Felidia y este afluente, junto con otros, son los que nutren al rio Cali, que alimenta la planta de tratamiento del acueducto de San Antonio. En un estudio que realizaron técnicos de la CVC en marzo del 2011 sobre las aguas que provienen de las Minas del Socorro se dice lo siguiente: “Los resultados evidencian actividad minera aurífera reciente, por la presencia de cianuro en el agua, el cual en tiempos cortos pasa al aire y sólo si el vertimiento es reciente se detecta en el agua. Adicionalmente las concentraciones de mercurio en el agua y el sedimento, exceden los valores límites establecidos por la normatividad nacional e internacional respectivamente para las dos matrices.” La situación es muy grave pues como decimos la actividad minera continúa y los efectos de la contaminación generada en el pasado y en el presente se prolongarán en el tiempo, impactando las aguas, el aire y la tierra. Recordemos que alrededor de la cuenca del rio Cali, a más de los procesos biológicos, se articulan los pobladores de varios corregimientos que desarrollan tareas agrícolas, turísticas e industriales. De manera que será necesario evaluar con cautela cómo esas sustancias pueden impactarnos pues, aunque muchos no lo saben el cianuro y el mercurio, destruyen la fauna y en dosis pequeñas van produciendo en los humanos alteraciones en la salud a lo largo de los años, entre ellas deformaciones genéticas y patologías siquiátricas. En conclusión podemos decir que: si la minería no se desarrolla de manera adecuada y bajo la estricta vigilancia de las autoridades, a la postre las trasnacionales serán las que saquen las ganancias y nos dejen la destrucción de los recursos naturales y la afectación de nuestra salud.
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