Políticas culturales de Cali
De acuerdo con la Constitución, el acceso a los bienes de la cultura es un derecho de todos los ciudadanos colombianos. O, en otros términos, es el derecho fundamental al disfrute del patrimonio cultural de la Nación. Pero las desigualdades económicas y sociales vuelven aquel derecho letra muerta. En realidad, lo que sucede es que ese derecho al “disfrute del patrimonio” existe para quien pueda pagárselo. Es decir, se trata de un derecho efectivo para una minoría. Pero tampoco puede disfrutar del patrimonio aquél que, aún teniendo los recursos, lo desconoce. Lo anterior significa que la educación forma parte clave de los derechos culturales. Por eso hay quienes cantan tangos en los bares de Medellín con el convencimiento de que aportan al patrimonio cultural de Colombia. O quienes bailan salsa en Cali creyendo lo mismo. Desde luego, esta ignorancia no implica la negativa a la recepción y apropiación de los productos artísticos y culturales universales. Pero un sano nacionalismo debiera primar en este aspecto. El cosmopolitismo no supone la disolución del patrimonio ni la conversión de los ciudadanos en sujetos sin patria. Pero hay quienes alardean de su cosmopolitismo para despreciar la tradición que nos hace colombianos o, peor, utilizan el privilegio de su educación para menospreciar lo que el esfuerzo de varias generaciones ha creado como bien insustituible de nuestra identidad. De allí que cualquier política cultural en Cali, o en cualquier otra ciudad del país, debe privilegiar, por sobre todas las cosas, al patrimonio cultural de la Nación, avanzando hacia sus modalidades regionales y locales. Y, para compensar las desigualdades económicas y sociales, como lo expresa la propia Constitución, la inversión del Estado en el área cultural debe estar dirigida a los sectores más pobres de la población. Aún más, específicamente a los niños y niñas de estos ciudadanos desvalidos. Al respecto existe interesante jurisprudencia de la Corte Constitucional y valiosos conceptos del Consejo de Estado. Así que la definición de una política cultural para Cali no parte de cero, sino que tiene antecedentes básicos en la Constitución, en las leyes y en la jurisprudencia de las altas cortes. Incluso, también en las experiencias previas de instituciones y eventos que han contribuido para que se vuelva realidad aquel derecho al disfrute del patrimonio por parte de todos y no sólo de algunos ciudadanos privilegiados. Hechos como la emisora de la Fundación Carvajal, instituciones como Incolballet y el Instituto Popular de Cultura o eventos como el Petronio Álvarez y la Feria del Libro del Pacífico dan fe de ello. Desde la perspectiva de mirar lejos, todo se reduce a la educación de los niños pobres. Es la tarea cultural primordial, pero también social y política. Si no nos atrevemos a hacerla, como no nos hemos atrevido hasta ahora, no habrá futuro: ni cultural ni social ni político ni ambiental. Todo lo demás, como se decía antes, “es perfume de peluquería”. Por eso poco importa si invertimos casi un billón de pesos para arreglar los problemas viales de Cali, mientras no seamos capaces de invertir siquiera lo mismo para garantizarle buena educación inicial a los niños pobres. Nos debatimos en una grave confusión cultural. Somos prisioneros de malas ideas.
